El rastreo de correos mediante píxeles requiere consentimiento previo del destinatario, independiente de la suscripción. La AEPD y el CEPD afirman que el uso sin transparencia es una infracción grave. Las empresas deben asegurar claridad en su tratamiento de datos, integrando la privacidad y evitando sanciones económicas que pueden ascender a 100.000 euros.