Una resolución de Datatilsynet advierte sobre el vacío jurídico en el tratamiento de datos debido a la falta de interlocución válida. El artículo 28.10 del RGPD implica responsabilidad para quienes actúan de forma autónoma ante la insolvencia del responsable. Los encargados deben supervisar y atender derechos, evitando que los ciudadanos queden desprotegidos.