La CMT ha decidido que las videollamadas no son una funcionalidad inherente al servicio telefónico público, dado que solo existe un estándar generalizado en redes 3G. La interoperabilidad se limita a proveedores de servicios 3G. Asimismo, las videollamadas no están reguladas en mercados de terminación de llamadas, quedando su precio a acuerdos comerciales.